Para nadie es un secreto que el desarrollo tecnológico mundial camina cada vez a pasos más agigantados. Para gran parte de los consumidores este desarrollo ha sido virtud de las grandes corporaciones visionarias como Apple o Microsoft, quienes innovan para mejorar la experiencia de los usuarios e incrementar sus ventas. Sin embargo, poco se resalta el papel de los gobiernos en el control de los avances tecnológicos del mundo, un tema cada vez más prioritario para los países poderosos.
El gobierno de Donald Trump ha entendido ese problema y ha decidido priorizar la política de contención frente a la ya conocida ofensiva tecnológica que ha impulsado Beijing en los últimos años. Por ejemplo, el gobierno chino lanzó el programa Made in China 2025 para convertirse en el líder global en robótica, nanotecnología e inteligencia artificial, inyectando una gran cantidad de recursos públicos para investigación y apoyo a grandes corporaciones chinas.
En el fondo, la relevancia del poder tecnológico mundial reside en su importancia militar y de seguridad nacional. En la guerra fría, la Unión Soviética y Estados Unidos se embarcaron en una carrera tecnológica por el dominio global de la cuales nacieron innovaciones como la telefonía móvil, el GPS o el transporte espacial.
China está replicando el papel de Washington en la guerra fría: una gran intervención sobre el sector tecnológico, inyectando grandes porciones de capital y reteniendo el papel de líder en la innovación sobre las empresas, una gran diferencia con Estados Unidos quien dejó desde los años 90 este liderazgo al emprendimiento privado.
Washington ha decidido elevar los aranceles a gran parte de los productos chinos, no sólo como represalia ante las ventajas comparativas económicas como bajos salarios en el país asiático (guerra comercial), sino precisamente como estrategia de contención ante la ofensiva tecnológica dirigida por el Partido Comunista Chino. A pesar de esto, algunos expertos argumentan que la estrategia más efectiva para esta contención debe ser un aumento en el gasto federal destinado a la innovación tecnológica, una política que significaría un mayor intervencionismo estatal en la economía, pero que podría potenciar las capacidades norteamericanas de cara al dominio tecnológico del futuro.