Falta una semana para la posesión el nuevo presidente de los colombianos, que sucederá al polémico gobierno de Juan Manuel Santos. De este último se dicen muchas cosas; la pasión aflora en el debate público cuando se discute el proceso de paz con las FARC, la principal política que abanderó su gobierno. Sin embargo, en términos económicos, su gobierno tuvo una gran incapacidad de garantizar crecimiento a mediano y largo plazo, así como no pudo lograr acuerdos en toda la sociedad frente a temas de importancia nacional como son el modelo de desarrollo o los temas tributarios. En este sentido: ¿cuáles son los principales retos económicos del nuevo gobierno?
Es importante tener en cuenta, como punto de partida para el análisis de la política económica, que desde los años 90 ha habido grandes coincidencias frente al modelo de desarrollo que debe tener el país: producción de materias primas y liberalización comercial. Esta política se ha profundizado con los últimos gobiernos de Uribe y Santos, aunque, por supuesto, con algunas diferencias frente a los sectores prioritarios y, aunque ha demostrado una relativa estabilidad macroeconómica, los hechos han demostrado que se necesitarán grandes modificaciones en el modelo económico para garantizar la generación de valor agregado de cara al mediano y largo plazo.
El agro: protección y modernización
El tratado de libre comercio con Estados Unidos apoyado por los dos últimos gobiernos prometía aumentar la capacidad exportadora del agro colombiano, al ingresar sin arancel a un mercado de 300 millones de personas. Sin embargo, a pesar de que el sector ha exportado más, la balanza comercial agropecuaria ha crecido exponencialmente debido a la masiva importación de alimentos del norte. Además, cada vez se consume un mayor volumen de comida importada en el mercado interno (30% en 2016), lo cual ha afectado a gran parte de los productores, quienes cada vez se concentran en sectores en los que Colombia tiene un buen desempeño comercial (banano, azúcar, carne bovina) yendo en contra de la idea de diversificar la producción.
En este sentido, el principal reto para Iván Duque será lograr reversar la tendencia monoproductiva del sector agropecuario colombiano, así como generar las condiciones para la satisfacción del mercado interno por parte de la producción nacional, todo esto sin perder productividad en el sector externo. Una gran pregunta será el papel de la inversión extranjera en el sector; Santos buscó atraerla con la Ley Zidres, pero, según la Oxfam, esta no ha generado inversión productiva sino especulativa.
La industria: generar valor agregado
En este sector ha habido un gran retroceso en términos de participación del sector en el PIB (De 23% en 1990 a 12% en 2017). Aunque esta es una tendencia global, lo preocupante es que el país no ha generado otros sectores de innovación y tecnología, con la inversión más baja en este sector por parte del Estado en todos los países de la OCDE. Incluso, en los últimos 3 años, ha disminuido la formación bruta de capital en un 3% por parte de los productores nacionales, es decir, han disminuido el total de sus activos.
La crisis de la industria es preocupante también desde la perspectiva de los trabajadores, ya que el comportamiento del sector en los últimos años ha promovido la precarización laboral y la informalidad, lo cual repercute, por ejemplo, en que sólo un 15% de los trabajadores cotice a un fondo de pensión. Sectores como las confecciones o el calzado han tenido un desempeño negativo en los últimos años (sólo en 2017 se perdieron 60.000) empleos. Cabe recordar que Iván Duque ha priorizado las industrias creativas más cercanas al sector servicios que al manufacturero.
Finalmente, el nuevo gobierno tiene la ventaja de tener como aliados a asociaciones gremiales como la Federación de Ganaderos y al sector confección paisa. Sin embargo, ha sido reacio a seguir políticas de distribución de la tierra o la toma de medidas para la protección industrial. Lo que sí se ha prometido es reducir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, y mejorar la conectividad de los sectores más apartados del país, lo que promete ser una mejoría para la competitividad del agro. ¿Serán estas medidas suficientes? Lo veremos en 4 años.
