A principios del mes pasado, el gobierno de Colombia anunció que dejará de utilizar el bloqueo de telefonía celular de los operadores, pues serian ellos mismos quienes se encargarían del funcionamiento de este en las cárceles. Lo curioso es que falta muy poco tiempo para la culminación del contrato actual y a la fecha no se conoce cómo será el proceso que se implementará como remplazo.
Para el 2017, la licitación de telefonía celular para los recintos penales no abarca el bloqueo de llamadas, un servicio prestado por los operadores de manera gratuita a pesar de que a ellos les valga alrededor de 12 millones de dólares por año. Ante este panorama, más de diez cárceles del país quedarían exceptas del bloqueo durante los próximos meses.
Actualmente este bloqueo funciona para 15 de las 137 prisiones de Colombia, evidenciando esto un claro déficit del servicio, considerado fundamental en todo el mundo. En 11 de los centros penitenciarios existe el bloqueo de operadores de telefonía, que están planeados ser reemplazados por servicios propios o externos contratados por el gobierno.
El principal inconveniente es que en el momento no hay ninguna licitación vigente relacionada con el bloqueo, por tanto en caso de no encontrar un proveedor, los reclusos podrán llamar sin restricciones ni regulaciones a partir de marzo del 2018. Siendo así las prisiones afectadas son:
Valledupar, Picaleña, Cali, Pereira, Pedregal, Puerto Triunfo, Acacías, Bucaramanga, La Modelo, Cúcuta y Barranquilla.
